Contexto

El acceso a una vivienda digna y adecuada se ha convertido en uno de los grandes retos que enfrenta la sociedad actual, particularmente en el ámbito urbano, que afecta a las personas en países tanto de bajos como de altos ingresos. En los últimos 50 años, los precios de la vivienda en los países de altos ingresos han aumentado tres veces más que los precios de otros servicios básicos1. Los desafíos críticos en torno a la vivienda, como la asequibilidad, la proliferación de barrios marginales y el aumento de la desigualdad urbana, han afectado negativamente la calidad de vida de las personas, con serios impactos en la sostenibilidad de las ciudades.

En España, desde la crisis económica del año 2008, el tema del derecho a la vivienda ha adquirido un nuevo protagonismo. El impacto de la crisis en el sector de la vivienda trajo como consecuencia un incremento significativo en los desahucios por razón de impagos2, situación que si bien ha disminuido no ha retornado a los niveles previos a la crisis3. Tras varios años de estancamiento o de lento crecimiento de los precios de la vivienda (tanto la destinada a alquiler como a la venta), los últimos años han visto retomar incrementos de los precios muy por encima del crecimiento de la economía4, lo que, sumado a otros aspectos característicos de la situación española (como la precariedad laboral y la dificultad de acceso al crédito) ha derivado en una compleja situación, caracterizada por la dificultad de acceso a la vivienda.

En este contexto, las políticas de vivienda que se han venido desarrollando en los últimos años han sido enunciadas en gran parte desde un enfoque de derecho a la vivienda. Se han estructurado los planes sectoriales en base a unos objetivos prioritarios, entre los cuales destacan: mejorar el acceso a la vivienda, crear mesas de trabajo para implementar un protocolo de desahucios consensuado, reducir la pobreza energética, favorecer las soluciones habitacionales para colectivos vulnerables o excluidos, proteger a las víctimas de maltrato con una vivienda, fomentar la accesibilidad de personas con discapacidad y fomentar la emancipación juvenil con viviendas accesibles.

1 Fondo Monetario Internacional “Global Housing Watch”
2 101.034 lanzamientos hipotecarios en 2012, según el Consejo General del Poder Judicial -CGPJ
3 53.010 ejecuciones hipotecarias en 2017
4 Instituto Nacional de Estadística: variación interanual precios de vivienda (4,4% en 2016, 6,3% en 2017, 6,9% en 2018) frente a variación interanual PIB (3,2% en 2016, 3% en 2017, 2,5% en 2018)